Los agobios del extractivismo minero y agroexportador en Chile

Los agobios del extractivismo minero y agroexportador en Chile

Por Paola Bolados

El sistema impuesto en las Ășltimas cuatro dĂ©cadas configura el centro de los conflictos socioambientales/territoriales actuales. La privatizaciĂłn de las aguas y el mercado creado en torno a ellas generaron una crisis que vulnera los derechos humanos de muchas comunidades. A su vez, el imaginario minero que histĂłricamente ha animado al paĂ­s se quebrĂł en el Ășltimo perĂ­odo, mostrando su impacto negativo sobre el territorio y la salud de las poblaciones. Esto se ve respondido por una nueva racionalidad eco-socio-ambiental, que nace de las organizaciones autoconvocadas.
 
Investigadora y académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso. Es coordinadora de la línea sobre Ecología política, feminismos y poscolonialidad y miembro del claustro del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la misma universidad


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IntroducciĂłn

En las Ășltimas cuatro dĂ©cadas, la mercantilizaciĂłn progresiva e intensiva de la naturaleza ha traĂ­do consigo un agobio sin precedentes en diversas comunidades y territorios de la regiĂłn latinoamericana. En Chile, esta situaciĂłn cobrĂł dramatismo a fines de la dĂ©cada de los años ’90, cuando comenzĂł a decretarse como agotadas las aguas superficiales y subterrĂĄneas, y se declararon zonas saturadas en varias regiones, producto del extractivismo minero y agroexportador. En ese contexto, las organizaciones y movimientos sociales y ambientales fueron desplegando una lucha progresiva e insistente por recuperar el agua como un bien pĂșblico y un derecho humano, y por defender el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminaciĂłn. Estos conflictos revelaron no sĂłlo una lucha de definiciones entre significados promocionados por el Estado y sus aliados internacionales en tanto recursos naturales, sino tambiĂ©n la construcciĂłn de una nueva racionalidad eco-socio-ambiental impulsada por las organizaciones socioambientales ligadas a los bienes comunes.

El caso de Chile es interesante no sĂłlo porque es el primer paĂ­s en que se implementĂł el neoliberalismo hacia la mitad de la dĂ©cada de los años ’70, sino porque su larga tradiciĂłn liberal marcada por el extractivismo minero salitrero desde fines del siglo XIX configurĂł esta actividad como un elemento identitario significativo dentro del imaginario nacional. Esta historia minera, operarĂĄ como un componente central en la tardĂ­a desnaturalizaciĂłn del neoliberalismo en Chile y en un habitus clave para comprender las complejidades y las tensiones producidas por la economĂ­a extractivista, tanto minera como agrĂ­cola.

Estos desarrollos desiguales derivaron en una nueva cartografía transnacional a partir de los cambios jurídicos e institucionales impuestos en la dictadura (1973-1989), la cual transformó la economía chilena en una exitosa economía exportadora de materias primas como el cobre, el agua, la palta, el litio, los salmones, la celulosa, etc. La nueva cartografía transnacional impuesta por la dictadura se fundó en la ley de inversión extranjera del año 1976, que facilitó el ingreso de capitales globales; la Constitución nacional del año 1980, que consagró la propiedad privada, y los códigos de aguas (1981) y minero (1982), que facilitaron el otorgamiento de derechos y concesiones mineras a empresas transnacionales para la explotación de minerales y agua. En particular, el código de aguas separó la tierra del agua, generando el mercado de aguas mås privatizado del mundo.
El país quedó reorganizado geogråficamente en tres grandes regiones: el norte minero, el centro-sur agrícola y el sur forestal-pesquero (salmonero). Esta cartografía impuesta por la dictadura funcionó relativamente bien, producto de los resultados macroeconómicos que revelaron un crecimiento sostenido de la economía durante el ciclo 1987-1997, así como también por la serie de tratados internacionales de libre comercio firmados al alero del retorno a la democracia en ese período.

No obstante, el crecimiento macroeconĂłmico de Chile no detuvo el aumento progresivo de conflictos socioambientales/territoriales que se desencadenaron a fines de los años ’90 cuando, a propĂłsito de la construcciĂłn de la hidroelĂ©ctrica Ralco, se observaron las contradicciones entre la polĂ­tica indĂ­gena y medioambiental y la polĂ­tica energĂ©tica. Estos conflictos adquirieron una generalizada visibilizaciĂłn pĂșblica en torno a los años 2011 y 2012, luego de que se produjera una de las movilizaciones estudiantiles mĂĄs largas ocurridas en el sistema de educaciĂłn superior y secundaria, la cual se expandiĂł a otros sectores y organizaciones sociales y ambientales del paĂ­s. En ese contexto, Chile experimentĂł una serie de protestas regionalistas, ambientalistas e indĂ­genas, dirigidas a cuestionar los alcances y las limitaciones de la legislaciĂłn ambiental e indĂ­gena de los años ’90, asĂ­ como los impactos sociales y ambientales de la economĂ­a exportadora impuesta con la dictadura militar y profundizada por los gobiernos de centroizquierda. Diversos sectores sociales y organizaciones ambientales comenzaron a criticar las supuestas regalĂ­as del cobre y los impactos de la industria del agronegocio, forestal y salmonero.

Estos conflictos, distribuidos a lo largo del territorio, generaron un clima incierto para los sectores exportador e inversionista, que se vieron desafiados y desconcertados por las mĂșltiples protestas y oposiciones de comunidades indĂ­genas, grupos ambientalistas y otras organizaciones sociales. Ellos, a nuestro entender, dieron cuenta de las fricciones de un neoliberalismo que comenzĂł a ser desnaturalizado, no sĂłlo por sus efectos depredatorios en tĂ©rminos ambientales, sino tambiĂ©n en cuanto a sus formas de gestionar la participaciĂłn y la democracia.

Como sucediĂł en otras regiones de LatinoamĂ©rica, el escenario de conflictos socioambientales en Chile planteĂł dos elementos centrales: el primero da cuenta del retorno al territorio en clave ambiental para explicar las acciones y demandas de las organizaciones y los movimientos actuales. En este sentido, los conflictos socioambientales se tornaron eminentemente conflictos territoriales, en tanto que gran parte de ellos replantearon los antiguamente denominados problemas de la tierra bajo los actuales lenguajes de la ecologĂ­a y el medioambiente. Asimismo, intentaron rearticular sus luchas en torno a la construcciĂłn de nuevas formas de ejercer ciudadanĂ­a, tanto por fuera del campo legal ambiental establecido, como a travĂ©s de las estructuras internas del modelo ambiental capitalista (en particular a travĂ©s del Sistema de EvaluaciĂłn Impacto Ambiental –SEIA–, encargado de autorizar o no los proyectos de inversiĂłn).

En paralelo, el segundo aspecto novedoso que plantearon las luchas socioambientales contemporĂĄneas se relaciona con las nuevas comprensiones de ciudadanĂ­a y democracia que se impusieron a lo largo de estas Ășltimas dos dĂ©cadas. En particular, formulando una crĂ­tica directa a la democracia representativa/delegativa y defendiendo estructuras democrĂĄticas y participativas mĂĄs directas. En consecuencia, estos conflictos apelaron a demandas de autonomĂ­a y participaciĂłn bajo una lĂłgica democrĂĄtica reclamando derechos polĂ­ticos como la participaciĂłn vinculante en el desarrollo local y a derechos territoriales-ambientales.

Ambos procesos convergieron, a nuestro entender, en lo que hemos definido como narrativas y pråcticas identitarias post neoliberales, en cuanto se presentan como una crítica a la (i)racionalidad del modelo neoliberal impuesto en Chile y una propuesta de una nueva racionalidad eco-socio-ambiental construida desde los movimientos y las organizaciones. En estas ecologías comunitarias y colectivas convergen variadas perspectivas que van desde las agrupaciones de caråcter mås ambientalista-conservacionista, así como otras asociadas a luchas y movimientos indígenas, campesinos y feministas, quienes ponen en crisis el discurso y el modelo capitalista al alero de sus pråcticas comunitarias del buen vivir y la ética del cuidado. Aunque parte importante de la crítica al neoliberalismo en sus inicios tuvo un origen en los problemas de distribución o redistribución de los beneficios de un capitalismo que no se derramó, esta luego se desplazó a aspectos medulares del sistema de mercado, señalando las consecuencias identitarias del despojo y la destrucción de las relaciones entre naturaleza y cultura. La crítica entonces apuntó cada vez mås al modelo económico y político exportador y las formas de propiedad y derechos privatizados/consagrados en el régimen neoliberal impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet.

Entre el despojo y el trauma ambiental: los casos de Petorca y PuchuncavĂ­-Quintero

Durante las Ășltimas dĂ©cadas, en el caso de la regiĂłn de ValparaĂ­so-centro de Chile, las pretensiones de patrimonializar la ciudad en compatibilidad con un turismo transnacional creciente entraron en contradicciĂłn con el extractivismo minero y agroexportador. Los hechos asociados a la contaminaciĂłn del complejo industrial Ventanas, asĂ­ como la usurpaciĂłn de aguas en la provincia de Petorca, reflejan una parte de los mĂșltiples agobios socioambientales de la regiĂłn. Se visualiza la construcciĂłn de una zona de sacrificio, entregada a la desregulaciĂłn de los mercados y a una actividad depredadora incentivada por las instituciones del Estado y sus aliadas internacionales. Se rentabilizan la naturaleza y la cultura, y con ella la historia, a costa de la negaciĂłn de otras memorias e identidades: campesina y pesquera principalmente, que estĂĄn destinadas a la pobreza y la exclusiĂłn.

En este caso, la provincia de Petorca–lĂ­mite norte de la regiĂłn de ValparaĂ­so– experimenta desde los años ’90 conflictos por la usurpaciĂłn de aguas en una zona agrĂ­cola donde un 90% de su superficie cultivable se ocupa para la producciĂłn de palta. Petorca fue decretada zona de escasez hĂ­drica en 1994, y en 1997 y 2004 los acuĂ­feros del Valle del RĂ­o Petorca y de la Ligua, respectivamente, fueron decretados como Área de RestricciĂłn para la obtenciĂłn de aguas subterrĂĄneas. En el caso de Petorca, estos conflictos irrumpieron a la luz pĂșblica en el año 2012, cuando el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (MODATIMA), denunciĂł la usurpaciĂłn de aguas producto de drenes ilegales construidos por empresarios y reconocidos polĂ­ticos vinculados a los gobiernos de la ConcertaciĂłn. Denuncias que fueron en su momento acogidas y seguidas por la DirecciĂłn General de Aguas (ente estatal encargado de administrar el agua a nivel nacional desde el año 1981, fecha en que entrĂł en vigencia el cĂłdigo de aguas) y por la comisiĂłn de Recursos HĂ­dricosde la CĂĄmara de Diputados del Congreso Nacional, y ratificadas por los informes de derechos humanos tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos como de la Universidad Diego Portales en 2014.
En paralelo con este escenario precordillerano, en el borde costero de PuchuncavĂ­-Quintero, durante 2011 y 2012 tuvieron amplia cobertura en los medios de prensa las intoxicaciones de los alumnos de la escuela la Greda como resultado de la emisiĂłn de poluciones contaminantes (SO2 y arsĂ©nico principalmente). Sin embargo, estos hechos forman parte de una larga historia ambiental producto de la instalaciĂłn de un complejo industrial que funciona desde1960 y que hoy alberga a diversas empresas: cuatro termoelĂ©ctricas a carbĂłn; tres empresas petroleras; dos empresas quĂ­micas; una refinerĂ­a y una fundiciĂłn de cobre; una empresa de asfalto y una empresa de cemento, en un radio de menos de 5 kilĂłmetros, entre otras (cabe aclarar que, mientras el Estado y las empresas reconocen sĂłlo 14, las comunidades señalan 22, ya que dentro de una pueden funcionar varias, como en el caso de Codelco, que reĂșne cuatro termoelĂ©ctricas, una refinerĂ­a y una fundiciĂłn). En ese contexto, aparecen tempranamente el caso silenciado de los “hombres verdes” (llamados asĂ­ por los niveles de cobre y otros metales pesados encontrados en sus cuerpos luego de las exhumaciones) y las denuncias sobre muertes por contaminaciĂłn de trabajadores que, desde1989, vienen haciĂ©ndose contra la entonces empresa ENAMI (Empresa Nacional de MinerĂ­a, que en 2004 pasĂł a ser de Codelco-Ventanas). Tal historia de contaminaciĂłn y sufrimiento ambiental se agudizĂł en el Ășltimo perĂ­odo, producto de los tres derrames de petrĂłleo ocurridos entre 2014 y 2016 en el borde costero y que significaron la destrucciĂłn casi total de la pesca artesanal. En ese marco surgiĂł un nĂșmero importante de organizaciones asociadas a esta actividad, como Salvemos Quintero y Sindicato de Pescadores S24; Chinchimen y Dunas de Ritoque, dirigidas a proteger sitios prioritarios de conservaciĂłn; asĂ­ como agrupaciones tales como Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia y la AsociaciĂłn Regional de Ex Funcionarios de ENAMI (ASOREFEN), las cuales intentan relevar la afectaciĂłn de la salud de la poblaciĂłn como eje prioritario de sus luchas.

A modo de cierre

El vaciamiento territorial producido por las transformaciones económicas y políticas con impactos directos en la cultura y las identidades de las poblaciones de tradición campesina y minera de Petorca, así como las campesinas y mariscadoras en Puchuncaví-Quintero, da cuenta de una nueva cartografía exportadora, pero también de una nueva cartografía de las resistencias socioambientales. Estas luchas abogan por democratizar el acceso a los bienes comunes como el agua en tanto derecho humano fundamental, así como también el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación que asegure la vida y salud de las personas, de la flora y fauna marina de la Bahía y de sectores ricos en biodiversidad.

Campesinos, pequeños mineros, pescadores y activistas ven el actual abandono por parte del Estado como la confirmaciĂłn de que su territorio estĂĄ destinado a ser una zona de sacrificio y como una estrategia para privatizar las Ășltimas empresas estatales. Asimismo, como un avance del sistema capitalista centrado en la privatizaciĂłn de los bienes comunes, que es a su vez confrontado y resistido. Se trata de una nueva racionalidad eco-socio-ambiental, fundada en sistemas comunitarios y colectivos que buscan recuperar la reciprocidad e interdependencia de las nociones de naturaleza y cultura.

Lo cierto es que hoy los extractivismos de derecha y de izquierda han llegado a un consenso con respecto a su manejo de los recursos naturales y a la obstaculizaciĂłn de toda posibilidad de que estos se transformen en bienes comunes dentro de una lĂłgica democrĂĄtica. El mito del eterno retorno del desarrollo intenta siempre seducirnos con la idea de que la redistribuciĂłn algĂșn dĂ­a se concretarĂĄ. En ese contexto, el neoliberalismo avanza en tĂ©rminos de consolidar la reestructuraciĂłn de clases hacia la cual apunta, y en la cual las clases dominantes tienden a condensarse cada vez mĂĄs en el punto mĂĄs alto de la pirĂĄmide.

En tales circunstancias, los esfuerzos de reconstruir una identidad postneoliberal asociada al buen vivir y a la Ă©tica del cuidado en las organizaciones socioambientales/territoriales que estĂĄn actualmente dando la lucha en la regiĂłn, son una propuesta polĂ­tica y utĂłpica de emancipaciĂłn que se alimenta de algunos rĂ­os que no lograron secarse ni por la contaminaciĂłn ni por la usurpaciĂłn. En particular, varios de ellos nacen en las colaboraciones con otras organizaciones populares, indĂ­genas y latinoamericanas que estĂĄn en luchas similares, mostrando una articulaciĂłn a escalas transnacionales pero que cuando intentan avanzar al interior chocan, siendo expulsadas al ĂĄmbito de la judicializaciĂłn y criminalizaciĂłn progresiva. Mientras tanto, otras organizaciones insisten en dar la pelea desde dentro, friccionando en los intersticios de las legislaciones neoliberales flexibles que permiten grados de contestaciĂłn, retrasos y complicaciones a las autoridades y los Ăłrganos ambientales encargados de las autorizaciones a los megaproyectos.

Las luchas desde los territorios y las ecologĂ­as que emanan de ellas intentan mostrar que la relaciĂłn identidad y territorio funciona con autonomĂ­a suficiente para generar movilizaciĂłn y articulaciĂłn. Esto es lo que explica finalmente que tanto los habitantes de Petorca como los de PuchuncavĂ­-Quintero no hayan decidido desplazarse a otros lugares. El territorio, junto al conjunto de relaciones sociales, culturales y polĂ­ticas desplegadas en Ă©l, forma parte de las razones centrales por las cuales se oponen al neoliberalismo ambiental. Lo postneoliberal de las identidades propuesto aquĂ­, sin embargo, no significa en sĂ­ mismo una superaciĂłn del neoliberalismo, sino los inicios de su fricciĂłn interna y su desnaturalizaciĂłn paulatina. Las organizaciones socioambientales/territoriales aĂșn son parte de un lento y duro proceso de desnaturalizar la naturaleza y deconstruir el mercantilizado tejido social que se construyĂł en estas cuatro dĂ©cadas. Su capacidad crĂ­tica y su reflexividad, en un contexto de privatizaciĂłn del conocimiento ambiental, las han convertido en poderosas y efectivas productoras de un conocimiento experto alternativo en el campo socioambiental, dando señales claras de la emergencia de un nuevo escenario sociohistĂłrico que tiene en el centro la dimensiĂłn ambiental/territorial. Es en este sentido al que me he referido respecto de las identidades postneoliberales y su importancia en el marco de los procesos de democratizaciĂłn socioambiental que experimenta la regiĂłn latinoamericana en su lucha por transformarlos recursos naturales en bienes comunes.

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