Ciudades que cuidan

Ciudades que cuidan

Por Pamela Eleonora Ares

Estamos ante la posibilidad de una nueva utopía. Un pacto social, político e histórico donde los vínculos sean el motor de la comunidad y el cuidado, su ordenador social. Promoviendo ciudades del buen vivir, extendiendo las fronteras del cuidado para abordarlo desde cuatro dimensiones (derecho, trabajo, desde su perspectiva económica y ambiental) con cimientos situados, en clave de arraigo, campesina, rural, indígena y federal.
 
Lic. en Ciencia Política, Magíster en Políticas Públicas. Doctoranda en Ciencias Sociales. Pta. de Fundación Chakana. Red de Politólogas


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El proyecto de los vínculos, el arraigo y la comunidad

Los gobiernos locales son, por definición, el espacio de administración y gobierno más próximo que tienen las personas en tanto ciudadanos/as. Por lo tanto, es un espacio clave para promover desarrollo que no esté orientado exclusivamente al mercado y al consumo, sino a configurar otras formas de habitar y construir comunidad. Un desarrollo que contenga en sí y apunte también al buen vivir.

El contexto mundial, ambiental, económico y sanitario, nos invita a construir colectivamente una nueva forma de organización social. El cuidado de la vida en un sentido amplio, es decir, cuidado de personas (de niños y niñas en la primera infancia, personas mayores, con discapacidad, con dependencia, enfermas, y muy importante incluir al autocuidado, etc.), y el cuidado de la tierra pueden ser pensados como organizadores sociales para un nuevo proyecto histórico, a partir del cual podemos construir arraigo y comunidad.

En ese sentido, podemos decir que asistimos a la pugna de dos proyectos históricos como plantea Segato; ambos se plantean en clave de funcionalidad o disfuncionalidad al capital: el “Proyecto histórico de las cosas” y el “Proyecto histórico de los vínculos”. El primero genera ruptura de vínculos, sensación de carencia y vacío existencial. La pulsión que lo instrumenta está sostenida por la pedagogía de la crueldad, donde todo conduce a la cosificación, ya sea de aquello que lo rodea, los cuerpos, la naturaleza, las personas, especialmente las mujeres, etc. El segundo, el proyecto histórico de los vínculos, produce arraigo local, relacional y comunidad. El cuidado tiene y tendrá un rol clave desde el ámbito local (con las mujeres y disidencias) para re-construir la comunidad, así como lo ha tenido a lo largo de la historia de humanidad.

La conexión entre la pobreza de tiempo de las mujeres (como el principal obstáculo para el desarrollo del proyecto de los vínculos y el buen vivir) con el rol de los gobiernos locales es crucial para que podamos comenzar a retejer los vínculos en nuestros territorios y entramado social. ¿Cómo? Mediante políticas públicas de cuidado. ¿Por qué? Porque el “tiempo de las mujeres es político”, a tal punto que se juega en él la posibilidad de comenzar a desarrollar un proyecto histórico diferente, donde los vínculos, las relaciones interpersonales, la tribu, la comunidad estén por encima de la acumulación, del mercado y del capital.

De la organización social del cuidado, al cuidado como organizador social

Por cuidado nos referimos a todas las actividades que son necesarias para sostener la vida humana. Esto incluye un abanico amplio y diverso de actividades, que cubren necesidades materiales y físicas, así como también necesidades emocionales y afectivas. El cuidado abarca:

* El cuidado directo de otras personas, principalmente durante las infancias, la vejez, que están atravesando alguna enfermedad o tienen algún grado de discapacidad; pero también incluye a personas con autonomías que se autogestionan cuidado.

* El autocuidado que incluye tener tiempo para dedicarnos a nuestra propia salud, bienestar y tiempo libre.

* El cuidado indirecto, que hace referencia a las precondiciones y gestión del cuidado.

* La gestión del cuidado, que alude a aquellas actividades y servicios de infraestructura necesarios para que sea posible el cuidado.

Los Estados miembros de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) aprobaron una agenda regional de género en el marco de la XIII Conferencia Regional desarrollada en Uruguay, llamada Estrategia de Montevideo, con el fin de avanzar en la implementación y profundización de la meta 5.4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible orientada a reconocer y valorar los cuidados.

Los gobiernos locales tienen la enorme oportunidad de impulsar acciones que lleven a una distribución más justa y equitativa del cuidado entre hombres y mujeres, desarrollando acciones y estrategias tanto en el plano de lo simbólico (impulsando un cambio cultural hacia la corresponsabilidad en el cuidado), en el plano normativo (extendiendo licencias por paternidad, promoviendo espacios de conciliación entre la vida laboral y la familiar de las mujeres, como reducciones de jornadas, etc.), y en la provisión y gestión integral y articulada de servicios del cuidado (con distribución espacial en las ciudades de modo equitativo entre espacios de cuidado, educación y crianza, sean comunitarios, de gestión pública y/o privada).

Existen cuatro dimensiones que son fundamentales para abordar el cuidado: el cuidado como derecho, el cuidado como trabajo, la dimensión económica del cuidado y, por último, la dimensión ambiental de este. Todas estas están profundamente atravesadas por la perspectiva de género.

Dimensión de derecho

Desde una perspectiva de este tipo, el cuidado es un derecho de todas las personas a lo largo de todas las etapas del ciclo vital, si bien hay circunstancias en las que las personas necesitan más cuidados, como ser la infancia, la vejez o la discapacidad. Siendo esta una responsabilidad social compartida, no solamente entre hombres y mujeres, sino también entre el Estado y la sociedad.

En América latina existen experiencias de reformas constitucionales en las que se reconoce el trabajo no remunerado y de cuidado dentro de sus derechos: en 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en el año 2008, Ecuador y el Estado Plurinacional de Bolivia; por último, en el año 2010, la República Dominicana.

Siguiendo el mismo plano de compromisos internacionales, podemos aseverar que el cuidado es un derecho inalienable para las personas que lo reciben y puede ser observado en: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del año 1948; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, del año 1979; la Declaración y Programa de Acción de Viena, del año 1993, sólo por nombrar algunos ejemplos.
Incorporar la dimensión del derecho al cuidado implica entenderlo como un derecho propio y también universal, tanto para quienes reciben el cuidado como para quienes cuidan. E implica, fundamentalmente, cambiar la visión que tienen los gobiernos, en general, sobre que el cuidado es una responsabilidad fundamentalmente de los hogares, actuando el Estado entonces como complemento para los hogares que no pueden resolverlo.

Si la titularidad de los derechos debe guiar las políticas públicas, es decir que el desarrollo debe configurarse conforme al marco normativo –plasmado en acuerdos vinculantes, tanto nacionales como internacionales–, esto exige, a su vez, un contrato o pacto social que debe materializarse políticamente tanto en la legislación como en políticas públicas, como expresa CEPAL en sus últimos documentos. En otras palabras, donde existe una necesidad, nace un derecho, y el derecho al cuidado debe ser garantizado con un sistema integral que comprenda todas las dimensiones incluidas en él.

Dimensión de trabajo

El cuidado es un trabajo que requiere formación y jerarquización. Es considerado parte de los nuevos yacimientos de empleo, dado que no será posible robotizar el trabajo del cuidado. A esto se le suman dos factores sociales fundamentales: el primero es el envejecimiento poblacional, que comenzó preocupando a los países europeos y nórdicos, pero que luego se extendió al resto del mundo. En segundo lugar, y no menos importante, se encuentra la situación de las infancias en el mundo de la pospandemia, donde ya se habla de una tragedia generacional sin precedentes. De acuerdo con la última estimación del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde), en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en la segunda mitad del año se estima que el 63% de los niños, niñas y adolescentes no tendrán cubiertas sus necesidades básicas en la Argentina. Es decir, 8,3 millones de niños en el país estarán en situación de pobreza. En el NOA, la situación se recrudece, ya que sólo 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, a raíz de la crisis económica derivada de la pandemia, accederán a alimentos y servicios básicos para vivir con dignidad.

La reorganización del mundo laboral y la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo han empujado y empujarán a las familias, cuyos ingresos se lo permitan, a contratar servicio de cuidado, y aquellas que no puedan contratar en el mercado necesitarán de cuidado de calidad en espacios comunitarios y/o públicos.

Estas tareas de cuidado suponen el manejo de saberes específicos que históricamente han sido atribuidos a las mujeres como si estuvieran en su “naturaleza”. Sin embargo, estos pueden ser reconocidos como competencias laborales, transferibles a otros ámbitos, y pueden ser adquiridos por personas de otro sexo. Implican el manejo de tecnología adecuada, atención profesional de personas, conocimientos específicos, competencias de gestión; lo cual implica la inserción como actividad en el sector de los servicios o sector terciario de la economía.

Desde la perspectiva del empleo, el trabajo del cuidado es de baja calidad y mal remunerado; esto conlleva como consecuencia servicios de mala calidad. Las características comunes a los/as trabajadores/as del cuidado son:

* empleos de mala calidad,

* de tipo relacional, donde se entablan relaciones vinculares entre quienes dan y reciben el cuidado,

* la calificación y la formación no suele reconocerse ni remunerarse,

* en su mayoría quienes lo hacen son mujeres.

Ahora bien, ¿son todos/as los trabajadores/as del cuidado iguales? Definitivamente no, dado que existen diferencias y jerarquías entre los trabajadores y trabajadoras del cuidado, también en términos de remuneración, condiciones de trabajo y estatus. Es por ello que trabajar en jerarquizar a los trabajadores/as del cuidado, otorgando formación, certificación, registro abierto y digital, con un mapeo georreferenciado de prestaciones de servicios, es una política pública fundamental para lograr en el año 2030.

Dimensión económica del cuidado

La economía del cuidado es definida por Corina Rodríguez Enríquez como el conjunto de actividades, bienes y servicios necesarios para la reproducción social y cotidiana de mujeres y varones, claramente, vinculada al desarrollo económico de los países y las relaciones sociales de género.
Reflexionar sobre la equidad en América latina es observar cómo los recursos naturales, el cuidado de las personas y las comunidades, que son base fundamental de la pirámide que sostiene la vida humana (Carrasco, 2009), son absolutamente no visibles para las economías, las cuentas nacionales, e incluso carecen de valor social de relevancia. Sobre los recursos naturales, la madre tierra y el ambiente nos referiremos más adelante.

En definitiva, el cuidado debe entenderse como pilar transversal de la protección social para Latinoamérica, teniendo en cuenta todas las dimensiones que lo conforman arriba mencionadas, y haciendo especial énfasis en los mecanismos de adelanto de la mujer, con la debida atención de no caer en la lógica de feminizar al cuidado, y de transversalizar un enfoque de género y de derechos humanos en todos los ciclos de vida.
Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 647 millones de personas en edad de trabajar están fuera del mercado de trabajo por la imposibilidad de conciliar. En el año 2018, el 93% de las personas que quedaron fuera del mercado de trabajo en el mundo fueron mujeres (es decir, 606 millones de mujeres), mientras que sólo el 7% de varones (es decir, 41 millones) permanecieron inactivos por la misma razón: el trabajo de cuidados no remunerado y las responsabilidades familiares. Lo que significa que el aumento de la inversión en la economía del cuidado tiene el potencial de generar un total de 475 millones de empleos en el mundo.

Es fundamental que la intervención del Estado no reproduzca los sesgos de género que ya existen en la sociedad, apuntando a quitar a la mujer como la única que puede brindar cuidados. Según un estudio hecho por la OIT, “el aumento de la inversión en la economía del cuidado tiene el potencial de generar un total de 475 millones de empleos, a saber, 117 millones de nuevos empleos adicionales por encima del escenario statu quo o 269 millones de nuevos empleos adicionales por encima de los empleos en 2015”.

En este sentido, la segunda dimensión del cuidado, la del trabajo, se interrelaciona con esta, dado que, si consideramos el cuidado como empleo que además cumple un rol social y tiene un valor económico, debe ser reconocido como tal, y el Estado debe brindar las herramientas de capacitación, regulación y profesionalización que se requieren para que las personas accedan al cuidado en las mejores condiciones posibles, y brindándoles a los y las cuidadoras la garantía de derechos que tienen otros sectores productivos.

Dimensión ambiental y comunitaria del cuidado

Reflexionar sobre la dimensión ambiental del cuidado, antes del Covid-19, parecía algo muy lejano, casi utópico. Sin embargo, es sumamente necesario, en el marco actual, de crisis alimentaria con emergencia social y de género en nuestro país, a fin de fortalecer las economías sociales, locales, regionales en particular y el mercado interno en general. La pandemia y la crisis económica mundial son una oportunidad sin precedentes en esta dirección.

El concepto de Soberanía Alimentaria está vinculado directamente al “derecho de cada pueblo, comunidad y país a la alimentación y a la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados; así como a la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”. La planificación urbana y estratégica de los gobiernos locales será clave para comenzar a definir qué zonas serán reservadas para la producción agroecológica a través de planes de ordenamiento territorial, zonas periurbanas, que integralmente deben ser acompañados por otras políticas complementarias, con el fin de lograr consumos de cercanía de la mano de comercio local y sustentable.

Actualmente, existen ejemplos de sistemas agroalimentarios y de comercialización a partir de la producción de alimentos de alto valor biológico y nutricional –producción agroecológica–, que promuevan la revitalización de nuevas actividades económicas justas y sostenibles en el largo plazo. La experiencia de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT) con las Colonias Agroecológicas Integrales de Abastecimiento Urbano resulta ser un antecedente valioso y una estrategia potente a replicar. Y en el mismo sentido, ya se han presentado proyectos de ley a nivel nacional como en diversas provincias.

Esta dimensión tiene presente cómo es el acceso a la tierra en las zonas periurbanas, quiénes son propietarios/as de la tierra, cómo se produce, qué tipo de comercialización de los alimentos existe, la forma en la que se consumen los alimentos en las ciudades, cómo es el acceso al agua potable, qué tipo de tratamiento de residuos, entre otros aspectos. Es decir, cómo se interrelaciona la ciudad con la tierra que la sustenta y alimenta.

Las ciudades en las que podamos habitar son ciudades que tengan en cuenta el cuidado en todas sus dimensiones. En ese sentido, la incorporación de la dimensión ambiental, de la soberanía alimentaria del cuidado y el sostén de la naturaleza tiene una doble vía de acceso al cuidado. Por un lado, lograr soberanía alimentaria y arraigo; y por otro, generar políticas y prácticas de separación de basura en origen, recolección y tratamiento de la misma.

La incorporación de esta dimensión dentro del entendimiento del “cuidado” implicará lo que llamaremos la “extensión o corrimiento de las fronteras del cuidado”. Entendemos la noción de frontera como una categoría, una metodología, así como también una apuesta política pues permite abordar problemáticas diversas sin aplanar su complejidad a la vez que genera nuevos desafíos. Esto es: pensar y pensarnos en los espacios intersticiales donde nada se fija ni cristaliza, donde las certezas se disuelven y nos obligan a elaborar respuestas tan contingentes como la realidad que nos interpela; así lo plantea Cebrelli en sus estudios de frontera.

Es aquí donde cabe aclarar que, así como en las tres dimensiones anteriores, existe una clara feminización del cuidado de personas, con informalidad económica, sueldos bajos y escasa profesionalización; cuando nos referimos a las tareas de recolección de la basura, y el tratamiento de la misma (es decir, una parte de la dimensión ambiental), encontramos alta masculinización, agremiación y mejor pago, aunque igualmente desjerarquizada.

Argentina, un país federal

¿Es posible lograr en la Argentina una política pública de cuidados que contenga todas las dimensiones y que se convierta efectivamente en un sistema federal? La respuesta es que es posible si y sólo si, se pone énfasis en el ámbito local del desarrollo de la política, construyendo 24 sistemas de cuidados, 23 provinciales y uno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con cimientos situados, en clave de arraigo, campesinos, rurales, indígenas, con foco en las ciudades y los gobiernos locales.

En palabras de Rico y Segovia (CEPAL, 2017), la gestión de servicios de cuidado en la ciudad no consiste solamente en administrar la oferta en función de las necesidades y demandas, sino también en promover el cambio hacia una nueva organización social y económica de la reproducción y la sostenibilidad humana. Un sistema de cuidados adecuado a las demandas de las ciudades de la región supone la ampliación y el mejoramiento de los servicios de cuidado existentes, considerando de manera prioritaria su ubicación más adecuada a la demanda y las necesidades en el territorio.

Las cuatro dimensiones del cuidado son fundamentales para promover ciudades del buen vivir, que dispongan de georreferenciación de los servicios de cuidado y de los espacios de cuidado, enseñanza y crianza, que sean de gestión pública, privada o comunitaria; distribución equitativa, sin reproducir sesgos de desigualdad y discriminación entre las diferentes zonas y barrios de las ciudades. Donde además se tenga en cuenta que el uso de las ciudades y el espacio público no es igual para varones que para mujeres o disidencias; que se contemplen así el transporte público, recorridos, horarios y servicios; donde haya profesionales del cuidado, cuidado de calidad, reconocimiento necesario a las miles de mujeres que en espacios comunitarios y populares cuidan sin pago ni formación; donde se diagrame el cuidado del hábitat, y la soberanía alimentaria. En otras palabras, las ciudades que queremos serán las ciudades que cuidan.

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Ciudades

Artículos de este número

Daniela Beltrame y Joaquín Benítez.
Covid-19 en villas y asentamientos: nuevos viejos problemas en la respuesta pública
Pamela Eleonora Ares
Ciudades que cuidan
Fernando Gabriel Cafferata y Natalia dos Santos Claro
Ciudades inteligentes hoy: ¿cómo la tecnología puede hacer ciudades más seguras en Latinoamérica?
Delfina Rossi y Ariel Maidana
La banca pública como herramienta para el desarrollo urbano
Matías Bianchi
Gobernar con la ciudadanía
I Julio Lumbreras, IICarlos Mataix, IIISimona Perfetti, IVManuel Alméstar, VSara Romero, VILuisa F. Guerra, VIIJaime Moreno y VIIIXosé Ramil.
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Carolina Ferreira Oliveira
¿Para qué sirve la utopía? La agenda del desarrollo sostenible en ciudades intermedias en Uruguay
Santiago Amador Villaneda y Cristina Gil Venegas
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Ramon Gras Alomà
Las ciudades y el reto de generar prosperidad distribuida en la era de la robótica y la inteligencia artificial

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